LA INDEPENDENCIA DE CHILE (2º Medio)

La Crisis del Imperio Español: el Fin del Sistema Colonial

A principios del siglo XIX, el contexto político español estaba determinado por la influencia que dejó la Revolución Francesa y por la baja popularidad que poseían el rey Carlos IV y su primer ministro Manuel Godoy. La situación se complementaba con la perniciosa intromisión en los asuntos españoles de Napoleón Bonaparte, personaje que el pueblo español percibía como el verdadero conductor de la política hispana en su afán por derrotar a Inglaterra. En 1806, con el objetivo de producir la ruina económica del Imperio Británico, Napoleón decretó un bloqueo continental para echar por tierra las relaciones comerciales del Reino Unido y de esa forma debilitar su posición económica y militar; no obstante, Portugal no estuvo de acuerdo en sumarse a la imposición de Napoleón y se negó a cerrar sus puertos, lo que trajo como consecuencia la enemistad de Francia.

A instancias del emperador francés, el sumiso Carlos IV firmó el Tratado de Fontainebleau; este acuerdo implicaba la repartición del territorio portugués entre España y Francia, y además, la posibilidad de que el ejército napoleónico atravesara por espacio español para atacar a Portugal. Sin embargo, este tratado tuvo como mayor consecuencia la solapada invasión de España por parte de los franceses, lo que en la práctica significaba que España pasaba a formar parte de las conquistas de Napoleón.

El descontento del pueblo español ante la presencia francesa en su territorio, y las sospechas que recaían sobre las intenciones del ministro Godoy de entregar el gobierno a Napoleón, produjo un motín en la ciudad de Aranjuez en el año 1808. La crisis que este levantamiento generó, obligó a Carlos IV a renunciar al trono y a entregar el poder a su hijo Fernando VII. El nuevo rey intentó afianzar su autoridad y para ello se reunió con Napoleón en la localidad francesa de Bayona; sin embargo, en esta cita Bonaparte exigió la cesión de la Corona española por medio de un juego de traspasos del trono que finalmente acabaría en manos de José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella.

La situación de España repercutió fuertemente en las colonias americanas, las cuales no recocieron la autoridad del hermano del emperador francés y levantaron su apoyo a España y a Fernando VII. No obstante, a pesar de la positiva respuesta de los americanos, el sistema colonial hispano estaba sumido en una profunda crisis que no encontraría solución. Al desmembramiento del régimen político español en Europa y en América, se agregaba el descontento de los criollos por las férreas estructuras sociales y económicas que aseguraban privilegios para los ciudadanos peninsulares. Por otro lado, en las colonias la penetración de las ideas racionalistas había planteado una serie de interrogantes sobre la legitimidad de la autoridad española en América.

En el territorio español la presencia de Pepe Botella motivó el establecimiento de gobiernos regionales de carácter temporal, los que frecuentemente expresaban la necesidad de que las colonias mantuvieran su fidelidad a la Corona; sin embargo, la única finalidad de los españoles era recibir la contribución de las colonias para financiar la resistencia a Napoleón, puesto que no reconocieron la igualdad de derechos. Ello quedó demostrado en el rechazo que hicieron a las peticiones que éstas últimas levantaron para modificar las estructuras sociales y económicas en el continente americano.

El efecto de esta política en América fue el fortalecimiento de la posición de los ciudadanos americanos que cuestionaban la legitimidad de la dependencia colonial y la aparición de progresivas manifestaciones que condensaban la necesidad de romper definitivamente con España.

Antecedentes de la Primera Junta de Gobierno de Chile

Al igual que en España, durante el año 1808 en Chile se comenzaba a desarrollar una crisis en el orden político que terminaría por transformar definitivamente las relaciones entre la metrópoli y Chile. A comienzos de 1808, asumió el cargo de gobernador Francisco Antonio García de Carrasco, quién progresivamente se convirtió en el foco de un largo conflicto entre la aristocracia criolla y los funcionarios españoles.

Los principales acontecimientos que generaron la impopularidad de García de Carrasco tuvieron que ver con: la prórroga ilegal que decretó sobre la rectoría de la Real Universidad de San Felipe; la confiscación del cargamento del barco británico Scorpions; y el posterior asesinato del capitán de la tripulación; el envío forzado a España de las lanzas de caballería; la mala relación que el Gobernador desarrolló con el Cabildo de Santiago; el rechazo a la realización de elecciones de los diputados que representarían a Chile en las Cortes Extraordinarias de Cádiz; y en último lugar la detención de José Antonio de Rojas, Bernardo de Vera y Juan Antonio Ovalle, los que eran partidarios de levantar una Junta de Gobierno autónoma. La suma de estos hechos redundó en una posición insostenible para García de Carrasco y en julio de 1810, agobiado por la presión de la aristocracia, el Cabildo e incluso la Real Audiencia, presentó su renuncia.

Como reemplazante del gobernador saliente fue nombrado Mateo de Toro y Zambrano, un acaudalado terrateniente que se había destacado durante la Colonia por su contribución a la Corona mediante el ejercicio de cargos públicos y militares. El interinato de Toro y Zambrano fue percibido por el Cabildo de Santiago como una oportunidad para la formación de una Junta de Gobierno y en repetidas ocasiones sus miembros expusieron al nuevo gobernador esta intención. Por otro lado, la Real Audiencia se manifestaba en contra de los deseos independentistas y se esforzaba por hacer perdurar la institucionalidad colonial; sin embargo, la presión del Cabildo fue mayor y el gobernador convocó a una asamblea para discutir las intenciones de los vecinos de Santiago.

Esta reunión se realizó el 18 de septiembre de 1810 y su principal decisión fue la formación de una Junta de Gobierno, la que oficialmente se denominó Junta Gubernativa del Reino de Chile. La principal característica de esta nueva institución de gobierno era su carácter transitorio y su limitada representatividad, ya que en su creación sólo participaron los miembros de la aristocracia santiaguina; este hecho implicó que se determinara que su poder se extendería hasta la reunión de un Congreso Nacional en el cual estuviera representada la totalidad de la población de Chile. La presidencia de esta Junta fue ejercida por el mismo Toro y Zambrano.

Es preciso señalar que la formación de la primera Junta de Gobierno en Chile dio comienzo a un complejo proceso que terminaría con la definitiva independencia de Chile y el surgimiento de una nueva institucionalidad de carácter republicano.

Etapas de la Independencia de Chile

La historiografía clásica chilena ha identificado en el proceso político y social que terminó con la independencia de nuestro país tres etapas claramente diferenciadas: la Patria Vieja, que se extendió desde 1810 a 1814; la Reconquista española, que se desarrolla entre 1814 y 1817; y finalmente la Patria Nueva, periodo que va entre 1817 y 1823.

La Patria Vieja (1810 – 1814)

Este periodo se caracterizó porque en la conciencia de los habitantes de Chile se comenzó a emplazar gradualmente la idea de la necesidad de establecer un régimen absolutamente independiente y autónomo de las cortes españolas. Por ello, a medida que la Junta Gubernativa se instalaba en el poder, no tardaron en aparecer diversas propuestas para transformar y mejorar las condiciones generales del territorio chileno; una de las más importantes fue la concerniente a modificar el estatuto que regía las relaciones comerciales entre las colonias y los países distintos de España: el resultado de esta presión fue la promulgación, en 1811, de un decreto que aseguraba la libertad de comercio para los puertos chilenos.

A pesar de algunos inconvenientes, como el surgido por el motín liderado por el coronel Tomás de Figueroa en abril de 1811 para impedir la elección de los diputados por Santiago, el primer Congreso Nacional de Chile comenzó a sesionar el día 4 de julio 1811. Este año es considerado por muchos historiadores como el más complicado de todo el proceso que erradicó la institucionalidad colonial de Chile, ya que en el se manifestaron una serie de diferencias entre los ciudadanos que conformaban el bando independentista y revolucionario. El conflicto que más se desarrolló fue el que sostuvieron los partidarios de reformas estructurales drásticas y los que promovían cambios graduales al régimen colonial; a este problema, se sumaron las diferencias surgidas entre los que reconocían un papel preponderante a la aristocracia (representados por José Miguel Carrera, entre otros) y los que querían actuar desentendidos de los intereses de la oligarquía criolla (representado en la figura de Bernardo O’Higgins).

La composición del Congreso Nacional estaba determinada por la existencia de una querella entre dos grandes sectores de diputados que agrupaban a las dos tendencias políticas mayoritarias: los radicales y los reformistas. Los primeros eran conducidos por Juan Martínez de Rozas, a pesar de que no era diputado y por tanto no era parte del Congreso, y se inclinaban por romper definitivamente con España y por instalar un gobierno de corte republicano. Los reformistas, por el contrario, deseaban desarrollar una revolución enmarcada dentro de ciertas limitaciones.

La disputa que enfrascaba el funcionamiento del Congreso fue resuelta por un golpe de Estado comandado por José Miguel Carrera el 4 de septiembre de 1811; sin embargo, aunque el movimiento de Carrera logró dar pie a una serie de transformaciones inmediatas como la abolición de la esclavitud, los conflictos que se produjeron entre los militares y los civiles llevaron a Carrera a dar un nuevo golpe de Estado, que trajo como consecuencia la concentración de los poderes en manos del nuevo caudillo.

La nueva posición que adquirió Carrera derivó en la formación de una nueva Junta Gubernativa y en la disolución del Congreso en noviembre del convulsionado año 1811. La situación generada por Carrera lo llevó a enfrentarse con Martínez de Rozas y la posibilidad de una guerra civil se hizo patente; de hecho, sólo una ronda de negociaciones entre ambos bandos y la formación de una Junta Provisional en Concepción, acabó con el peligro de un enfrentamiento fraticida. No obstante, la posición de Carrera no se debilitó porque la nueva junta esta conformada por un grupo de militares leales a él y en la práctica siguió ejerciendo el poder.

En esta etapa de su gobierno, Carrera impulsó una serie de medidas destinadas a consolidar la causa independentista. Entre ellas podemos mencionar: la edición del periódico denominado la “Aurora de Chile”, el cual tenía como objetivo publicitar las ideas políticas del bando carrerino; la creación de los primeros emblemas nacionales; la dictación de un Reglamento Constitucional que declaraba la autonomía de Chile pero que reconocía la autoridad del rey Fernando VII; o el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. En este periodo, además, se sentaron las bases de los que serían la Biblioteca nacional y el Instituto Nacional.

Las noticias sobre los acontecimientos ocurridos en Chile generaron la reacción de las autoridades españolas en Perú, las que encabezadas por el virrey Fernando de Abascal, ordenaron intervenir militarmente en territorio chileno. Al enterarse de que venían fuerzas realistas desde Perú hacia el sur del país para reforzar la posición española en Chile, Carrera debió trasladarse al sur y delegar su autoridad política para poder concentras en sus labores de jefe del ejército revolucionario. Sin embargo, la suerte fue adversa para el caudillo y sufrió una dura derrota en Chillán en agosto de 1813; esta situación produjo que Carrera fuera removido de su cargo y que Bernardo O’Higgins lo reemplazara, originado una agria confrontación entre ambos.

El efecto de los sucesos militares fue el enardecimiento de la posición que reclamaba el derecho de los chilenos a elegir a sus propias autoridades, pero la captura de la ciudad de Talca por las fuerzas monárquicas trajo como consecuencia que Francisco de la Lastra asumiera como Director Supremo y que se proclamara un nuevo Reglamento Constitucional en marzo de 1814.

A la extensión del conflicto militar y el progresivo declive de las fuerzas revolucionarias chilenas, se sumó la recuperación del trono por parte de Fernando VII. Este nuevo contexto auguraba la promoción de una nueva política por parte de las nuevas autoridades españolas, y el gobierno chileno decidió negociar con las fuerzas monárquicas. El resultado se plasmó en el tratado de Lircay, en el que los chilenos reconocían la autoridad de Fernando VII; no obstante, estas condiciones no fueron aceptadas por Carrera y en julio de 1814 protagonizó un tercer golpe de Estado que le permitido recobrar el poder; este nuevo golpe de Carrera motivó una nueva querella entre las fuerzas chilenas.

La profunda fisura del bando chileno se cristalizó en la batalla de Tres Acequias en septiembre de 1814, en el que las tropas del gobierno de Carrera se enfrentaron con las fuerzas lideradas por O’Higgins. Sin embargo, mientras los chilenos resolvían sus disputas, el virrey Abascal decidió desconocer los acuerdos de Lircay y, en forma paralela, enviaba un nutrido contingente militar encabezado por el general español Mariano Osorio. Este último, luego de desembarcar en Chile y de reorganizar a las tropas monárquicas, puso fin a la etapa de la Patria Vieja al derrotar a las fuerzas revolucionarias en la batalla conocida como el desastre de Rancagua, la que se llevó a cabo entre el 1 y 2 de octubre de 1814.

La Reconquista (1814 – 1817)

Esta etapa de la Independencia de Chile se caracterizó porque en ella se produjeron, en forma paralela, dos escenarios que determinarían el destino del proceso revolucionario. El primero de ellos corresponde a la reinstauración del poder monárquico español, el que se vio reflejado en la represión que sufrió la aristocracia chilena; esta situación se expresó en el destierro a la isla de Juan Fernández, en la confiscación de sus bienes y en la instalación de los tribunales de vindicación. Pese a que con estas acciones las autoridades españolas perseguían desmoralizar las intenciones autonomistas de los revolucionarios, la aristocracia chilena sólo logró madurar el sentimiento independentista. Como contraparte, en este contexto, se desarrolló la acción guerrillera de Manuel Rodríguez que tenía como objeto desestabilizar al recuperado régimen español.

El segundo escenario que señalamos se dio en Mendoza, lugar en el que se habían refugiado las fuerzas chilenas y que bajo la conducción de O’Higgins y el general argentino José de San Martín se constituyeron en el Ejército Libertador de los Andes. Luego del desastre de Rancagua, el territorio chileno volvió a estar bajo control de las autoridades realistas, y como hemos señalado Mariano Osorio y Casimiro Marcó del Pont, los que serían los últimos gobernadores españoles, se dedicaron a ejercer un duro y estricto control sobre la población chilena, puesto que poseían información sobre el movimiento de reorganización de la fuerzas chilenas en territorio argentino. Ambos gobernadores debieron enfrentar el temor a una invasión que podría producirse en cualquier momento, por lo que se establecieron un conjunto de medidas como la imposición de toques de queda y el uso obligatorio de pasaportes para viajar entre dos puntos del territorio chileno. Con la misma finalidad, se iniciaron juicios en contra de los principales líderes revolucionarios que permanecían en Chile, los que terminaron con el destierro de muchos de ellos. El efecto de estas medidas también lo sufrieron las instituciones levantadas durante el gobierno de Carrera, como la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional, las que dejaron de funcionar y fueron clausuradas. De la misma manera, se actualizaban instituciones como la Real Audiencia, que había sido suprimida por los revolucionarios chilenos.

Como señalamos en un comienzo, las tropas chilenas que se refugiaron en Mendoza habían pasado a constituir el Ejército Libertador de los Andes, y en enero de 1817 bajo el mando de San Martín iniciaron su campaña de regreso a territorio chileno. Estas nuevas fuerzas, compuestas por casi 4.000 personas, cruzaron los Andes por medio de diversos pasos fronterizos y progresivamente se instalaron a lo largo de Chile. La columna principal del Ejército Libertador, en la que venían San Martín y O’Higgins, se encontró con las fuerzas realistas en la cuesta de Chacabuco el 12 de febrero y les inflingieron una severa derrota que significó el fin de los gobiernos monarquistas en Chile, y además, terminó por expulsar a los españoles de Santiago y hacerlos huir hacia el sur del país.

La Patria Nueva y el Gobierno de O’Higgins (1817 – 1823)

La Patria Nueva es la última etapa del proceso político y militar que condujo a la Independencia de nuestro país y se caracteriza por la consolidación de la victoria chilena y por el desarrollo del gobierno de O’Higgins. La batalla de Chacabuco significó una importante victoria para el Ejército Libertador y marcó el inicio de una nueva etapa en el proceso revolucionario; sin embargo, el estado de guerra se mantuvo por algún tiempo más ya que fuerzas realistas se hallaban dispersas en el sur del territorio y porque el propósito ulterior del Ejército dirigido por San Martín incluía la liberación de Perú y el traslado de las tropas a Lima.

Tras la huida del gobernador español, el Cabildo de Santiago ofreció el poder a San Martín y debido a su rechazo O’Higgins fue nombrado como Director Supremo. Este hecho no significó el fin de las acciones bélicas, pues a las tropas realistas presentes en algunos enclaves del sur se sumó el peligro de un desembarco de tropas españolas provenientes desde Perú. Esta presunción se convirtió en realidad cuando el virrey Joaquín de la Pezuela envió una nueva expedición a cargo de Mariano Osorio, la que consiguió sorprender al ejército chileno en la batalla de Cancha Rayada; sin embargo, las fuerzas revolucionarias lograron reorganizarse rápidamente y en Maipú, un lugar ubicado en las inmediaciones de Santiago, derrotaron definitivamente al general Osorio y al último ejército realista. El triunfo chileno en esta batalla ratificó la Independencia de Chile, la que se había proclamado oficialmente luego de la victoria de Chacabuco.

Una vez consolidado en el gobierno, a O’Higgins se le presentaron dos desafíos que debió sortear raudamente: la expulsión de los escasos realistas que quedaban en el sur, y dar curso a un proceso conducente a la organización de la nueva república chilena y la transformación de las estructuras sociales y económicas. Otro reto que debió enfrentar el gobierno de O’Higgins fue la preparación y el financiamiento de una expedición militar para liberar del dominio español a Perú. Lo primero que debió resolver el Director Supremo fue la conformación de una escuadra naval para trasladar a las tropas hacia Lima. La denominada Primera Escuadra fue conformada inicialmente con naves que les fueron arrebatadas a los realistas y con otras que el gobierno adquirió; en segundo lugar se procedió a la contratación de la oficialidad naval, la que se compuso principalmente con marinos británicos y en la que se incluía Lord Thomas Cochrane. La naciente marina chilena se desenvolvió con relativo éxito pues logró el control del Pacífico mediante una serie de acciones bélicas como el ataque al puerto peruano de El Callao, o la arriesgada maniobra que permitió a las fuerzas chilenas apoderarse de la red de fuertes que ocupaban los realistas en la zona de Valdivia.

Al mismo tiempo en que se armaba la Primera Escuadra, el gobierno de Chile debía ocuparse de la creación del Ejército Libertador del Perú, una tarea que no resultó sencilla debido a la precaria situación en que se encontraban las finanzas chilenas. A pesar de ello, el erario chileno corrió con todos los gastos del nuevo ejército que volvió a ser liderado por San Martín. Finalmente, el 20 de agosto de 1820 salió desde el puerto de Valparaíso la Expedición Libertadora del Perú, empresa que un año después logró proclamar la independencia del antiguo virreinato, aunque la presencia española en Perú sólo fue consolidada en la batalla de Ayacucho, en la que las fuerzas de Simón Bolívar expulsaron definitivamente a los españoles de Perú.

Cuando el peligro de un nuevo ataque español fue descartado, el gobierno de O`Higgins se dedicó a organizar las instituciones políticas de la nueva república. A pesar de que una parte de la aristocracia se mostró descontenta con la continuidad de O’Higgins como Director Supremo, éste consiguió promulgar en 1818 una Constitución que le entregaba amplios poderes y no señalaba una fecha para que se alejara del cargo. Con estas facultades, O’Higgins inicio un proceso de transformaciones económicas y sociales que no fueron compartidas por la aristocracia y que progresivamente aumentó los niveles de animosidad entre ambos.

El problema surgió porque el Director Supremo abolió una serie de privilegios que ostentaban los miembros de las antiguas y tradicionales familias chilenas como el uso de títulos y escudos de nobleza y, en particular, la existencia de la institución de los mayorazgos; estos últimos, se habían constituido en la base del poder de las familias más poderosas ya que contribuían a la acumulación de sus bienes y propiedades. Para que la antigua sociedad chilena se convirtiera en una sociedad de carácter republicano era necesario que estuviera dispuesta a aceptar estos cambios; sin embargo, el descontento que ellos provocaron en el seno de la aristocracia, sumado al marcado tono autoritario de O’Higgins generaron una crisis política que estuvo a punto de conducir a Chile a una guerra civil. Esta situación sólo se resolvió en enero de 1823 cuando el Director Supremo renunció a su cargo y se exilió en Perú.

La Economía del Proceso Independentista

Las guerras napoleónicas que se desarrollaban en Europa a comienzos del siglo XIX, afectaron gravemente el desarrollo del comercio internacional y sus efectos también se sintieron en las todavía colonias españolas; la principal consecuencia fue la escasez en América de los productos manufacturados europeos, ya sea provinieran del comercio legal como del contrabando. Esta situación implicó, además, una serie de problemas adjuntos como la baja en la recaudación de las aduanas o la crisis de los pequeños grupos de comerciantes americanos; de todas las colonias, la más afectada fue el virreinato de Buenos Aires, lugar en que las autoridades se apresuraron en decretar la libertad de comercio en el año 1809.

El efecto de las medidas tomadas en Argentina para enfrentar la crisis económica repercutió en forma inmediata en el resto de las colonias. Gracias a la afluencia de barcos de diversas nacionalidades a los puertos trasandinos, nuestro país logró sortear la escasez de manufacturas e incluso aumentó el nivel de entre ambas colonias. De esta forma, la ciudad de Buenos Aires desplazó a Lima como principal proveedor del mercado chileno, aunque desde Chile se seguían enviando importantes cantidades de productos agrícolas a Perú.

A medida que se desarrollaba el proceso independentista en Chile las relaciones comerciales con Buenos Aires se fortalecieron, pero el flujo con Perú se mantuvo y seguían llegando varios productos esenciales como el azúcar. Lo paradójico del hecho era el dificultoso estado en que se encontraban las relaciones entre Chile y el virrey Abascal, a lo que se agregaba la asociación política militar que se había establecido entre Santiago y Buenos Aires. En este contexto, la colonia chilena vendía trigo al mercado peruano en momentos en que Montevideo, ciudad leal al virrey Abascal, se hallaba asediada por las tropas revolucionarias de Buenos Aires. Esta situación perduró hasta el año 1813, año en que las relaciones comerciales entre Chile y Perú fueron suspendidas debido a la invasión realista en territorio chileno ordenada por Abascal.

En el ámbito interno el proceso independentista también tuvo consecuencias relevantes. La presencia en el territorio chileno de dos ejércitos antagonistas implicaba una serie de gastos que debían ser solventados: la alimentación de los soldados y la necesidad de conseguir pertrechos de guerra (armas, municiones, uniformes) eran gastos que estaban en constante aumento, situación que era complementada con el hecho de que las principales operaciones bélicas se desarrollaron en las zonas agropecuarias fueron las más afectadas. Para poder financiar los gastos de las acciones militares, los diferentes gobiernos que tuvo Chile durante este proceso resolvieron aumentar los impuestos y a solicitar las denominadas erogaciones; estas consistían en donaciones de carácter voluntario que las familias más poderosas debían hacer a la causa independentista, aunque la mayor parte de las veces fueron realizadas por medio de la fuerza. Es preciso señalar que las fuerzas chilenas y las realistas desarrollaron esta práctica con las familias que pertenecían a los bandos antagonistas.

Otra consecuencia de la crisis económica generada por las acciones militares fue la relativa paralización de las actividades mineras, las que se vieron afectadas por la imposibilidad de conseguir recursos para financiar los yacimientos explotados y porque la escasez de alimentos conspiraba para conseguir mano de obra. En el breve periodo de restauración del poder monárquico las actividades agrícolas tendieron a recuperarse por la reactivación del circuito comercial con el Perú, aunque la razón más importante de este fenómeno fue la suspensión de las acciones bélicas en la zona central del país debido a la retirada transitoria de las fuerzas revolucionarias hacia Mendoza.

Con la definitiva expulsión de los realistas de Santiago tras la batalla de Chacabuco, se retomaron los contactos comerciales con Buenos Aires; sin embargo, el volumen del flujo entre Argentina y Chile no volvió a alcanzar los niveles del periodo 1811-1814. La principal circunstancia que motivó este viraje en las relaciones comerciales de Chile fue el establecimiento de contactos directos con países industrializados como Estados Unidos e Inglaterra por medio de la ruta del Océano Pacífico.