Apuntes sobre historia de Chile para ver el documental "La Batalla de Chile" (3 Electivo)

La vía chilena al Socialismo: el gobierno de la Unidad Popular (1970 – 1973)

El gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular es uno de los episodios más estudiados de la Historia de Chile porque existe una enorme diversidad de opiniones respecto a la obra y cometido de Allende.

Para algunos el gobierno de Allende fue el triunfo de los sectores marginados de nuestro país, los que llevaban largos años luchando por reivindicar sus derechos y por mejorar sus precarias condiciones de vida; para otros, la llegada de Allende al poder significó el periodo más oscuro de nuestra historia, puesto que en él los grupos que habían conquistado grandes fortunas y posiciones a lo largo de la historia republicana de Chile vieron en serio peligro su permanencia en los lugares de privilegio de la sociedad chilena.

La Unidad Popular

En octubre del año 1969, en las postrimerías del gobierno de Frei, los sectores políticos cercanos a la izquierda se reunieron bajo una coalición que denominaron Unidad Popular. Esta nueva alianza política estaba constituida por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el MAPU, el Partido Social Demócrata y la Acción Popular Independiente. El propósito electoral de la Unidad Popular era neutralizar la influencia de la Democracia Cristiana en los sectores populares de la sociedad chilena; la finalidad política de la Unidad Popular era llegar al gobierno para transformar profundamente la estructura socioeconómica del país y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la mayoría de la población de Chile.

El proyecto de la Unidad Popular, condensado en la figura de Salvador Allende, proponía la transformación de una sociedad capitalista a una sociedad socialista, respetando la legalidad del sistema democrático chileno para establecer una economía centrada en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Para llevar a cabo las intenciones de la Unidad Popular, se debían practicar modificaciones profundas en el sistema económico, en el sistema de propiedad, en la distribución y en el consumo de la producción de bienes.

La llegada de la Unidad Popular al poder fue un hecho sin precedentes en la evolución política mundial, en pleno contexto de Guerra Fría, puesto que a diferencia de los otros regímenes socialistas existentes, el socialismo chileno llegó a ser gobierno por medio de elecciones libres y democráticas, sin recurrir a la violencia, a la lucha armada y al derramamiento de sangre. La “vía chilena al socialismo” cuajo aprovechando los frutos de la promoción social fomentada durante la llamada “Revolución en Libertad” de Frei y la Democracia Cristiana,a provechando la profundidad y capacidad de acción que habían desarrollado las organizaciones obreras y campesinas que reivindicaban fuertemente demandas sociales a partir de 1967.

La vía chilena al Socialismo

En las reñidas elecciones de 1970 el candidato de la Unidad Popular Salvador Allende Gossens derrotó estrechamente al abanderado de la derecha tradicional, el ex presidente Jorge Alessandri Rodríguez, por una diferencia de tan sólo 35.000 sufragios; como esta mayoría era de carácter relativo, la llegada de Allende a La Moneda, como lo disponía la Constitución Política de 1925, debía ser ratificada en una sesión del Congreso Pleno. Debido a los altos niveles de polarización política y social, la confirmación del gobierno de la Unidad Popular se llevo a cabo en medio de un clima de abierta confrontación entre los diversos sectores políticos de la sociedad chilena, entre los cuales existía un segmento que deseaba evitar que el Congreso reconociera la primea mayoría relativa de Allende.

La radicalización del conflicto entre la ultraderecha y los partidarios del nuevo gobierno tuvo un episodio que elevó la temperatura antes de que Allende asumiera la Presidencia de la República, pues elementos ultraderechistas secuestraron al comandante en jefe del Ejército René Schneider como forma de presionar al Congreso para que no legitimara la elección de Allende y de señalar que en la derecha más extrema existía una inclinación por promover una intervención militar. No obstante, esta medida de presión pronto se desvirtúo y terminó abruptamente con el asesinato de Schneider en octubre de 1970, situación que generó una gran conmoción en la ciudadanía chilena.

Es preciso señalar que el secuestro de Schneider se produjo porque este último era partidario de que las Fuerzas Armadas se mantuvieran alejadas de la política contingente y respetaran su subordinación a la sociedad civil; esta postura del comandante en jefe del Ejército fue conocida como la “Doctrina Schneider” y se enmarcaba en el contexto del respeto a la Constitución de 1925, un límite que el cuerpo castrense cuidaba con sigilo tras la serie de intervenciones de los años ’30 y al comprobar el rechazo que ellas provocaban en la mayor parte de los chilenos.

Por el contrario a la posición de Schneider, en los grupos de ultraderecha estaba asentada la idea de utilizar la fuerza y la violencia para desestabilizar al gobierno de Allende y la aplicación de su programa político, puesto que este que afectaba seriamente los intereses de la derecha tradicional y en particular a los grandes hacendados del campo chileno, algunos de los cuales contribuían económicamente con los grupos subversivos asociados a la derecha chilena.

En forma paralela, mientras en el Congreso se discutía la llegada de Allende, la derecha y la bancada de la Democracia Cristiana negociaban un acuerdo para evitar que la Unidad Popular asumiera la administración del Estado chileno. De la misma manera, los parlamentarios democratacristianos se reunían con los representantes de la Unidad Popular para diseñar una fórmula que le permitiera a esta última llegar al poder. Finalmente, la Democracia Cristiana decidió respetar la mayoría obtenida por Allende y con sus votos se ratificó la llegada de la Unidad Popular a La Moneda.

Sin embargo, la Democracia Cristiana comprometió su apoyo a Allende a la firma del denominado Estatuto de Garantías, un acuerdo que se componía de una serie de reformas a la Constitución de 1925 entre las que se incluían el aumento de las libertades públicas, además de la expresa garantización de que el Estado no trastocaría aspectos sensibles como la libertad de expresión y el sistema educacional, y el establecimiento de la inamovilidad de los comandantes de las Fuerzas Armadas. Una vez que Allende aceptó los términos de esta negociación, la Democracia Cristiana sumó sus votos a los de la izquierda y en noviembre de 1970 Salvador Allende se convirtió en el Presidente de la República de Chile.

Una vez en las dependencias de La Moneda, la Unidad Popular comenzó a implementar su programa de gobierno, el que se componía básicamente de tres elementos centrales: la nacionalización del cobre, la aceleración e intensificación de la Reforma Agraria, y la nacionalización de la industria. No obstante, la realización del proyecto económico de la Unidad Popular se vio entrampado por una fuerte resistencia de los grupos económicos que veían en riesgo sus intereses.

• La Nacionalización del Cobre

Según el análisis de la Unidad Popular, el hecho de que la Gran Minería del Cobre estuviera bajo control de capitales norteamericanos era un factor que conspiraba con la situación de subdesarrollo en que se encontraba nuestro país. Desde la óptica de la administración Allende, el cobre era “el sueldo de Chile” por lo que las ingentes utilidades que la industria cuprífera generaba (alrededor de 120 millones de dólares anuales) debían a partir de aquel momento pasar a las arcas del Estado chileno.

De acuerdo a lo señalado más arriba, en diciembre de 1970 el gobierno de Allende envío al Congreso un proyecto de ley para realizar una enmienda constitucional para nacionalizar a la Gran Minería del Cobre, el que resultó aprobado por mayoría. El núcleo de esta enmienda consistía en que el Estado chileno conquistaba la prerrogativa de expropiar a las grandes empresas del cobre, las que serían compensadas con una indemnización a determinar por la Presidencia de la República.

En consecuencia, durante el año 1971 las acciones de la Kennecot Corporation y la Anaconda Copper Company fueron traspasadas al Estado chileno; la administración Allende, además, planteaba que estas empresas eran acreedoras del Estado de Chile por las excesivas utilidades percibidas con anterioridad, y que debido a esa situación las empresas en cuestión no serían indemnizadas en el proceso de nacionalización del cobre chileno.

A pesar de las intenciones del gobierno de Allende, la nacionalización de la Gran Minería del Cobre no repercutió positivamente en la economía del país, puesto que en forma inmediata a la nacionalización los niveles de producción disminuyeron bruscamente. Los analistas suelen señalar que las razones de este declive en la industria del cobre se debieron a una serie de factores que se generaron como efectos de la nacionalización; entre ellos se pueden indicar el boicot que los Estados Unidos practicaron a la venta de repuestos para las maquinarias utilizadas en la producción de cobre; el retiro de los técnicos especializados al cesar las remuneraciones en dólares; y la falta de especialización de los nuevos gerentes de las compañías cupríferas.

En el ámbito sindical, el proceso de nacionalización del cobre trajo consigo para el Estado Chileno la necesidad de hacerse cargo de las demandas por aumentos de los salarios de los trabajadores del cobre, los que progresivamente se habían constituido en una especie de aristocracia obrera y que presionaban fuertemente al gobierno por la consecución de ellas.

Sobre lo anterior resulta imprescindible constatar el hecho de que la mayoría de las organizaciones sindicales de los trabajadores del cobre estaban dominadas por la Democracia Cristiana desde que el gobierno de Frei emprendiera el proceso de chilenización de la industria cuprífera, y que su tensa relación con el gobierno se debía a las órdenes de la cúpula democratacristiana. Este último factor se suele señalar en los diversos análisis historiográficos como parte de una estrategia utilizada por la Democracia Cristiana para desbarajustar el gobierno de Allende, y de esa forma retener el apoyo de amplios sectores que durante el gobierno de Frei se habían convertido en clientes del aparato estatal y que ante la llegada de una nueva administración y de una nueva burocracia veían en peligros los privilegios conquistados en el periodo 1964-70.

Debido a esta situación, en pocas semanas las faenas de producción se detuvieron por las huelgas protagonizadas por los trabajadores, lo que obligó al gobierno a aplicar una estrategia considerada por la Unidad Popular como nefasta y que en el pasado combatió fervorosamente: contratar nueva mano de obra para reemplazar a los obreros movilizados. Entre los años 1971 y 1972 se produjeron 85 huelgas, lo que elevó la contratación de obreros reemplazantes en un 45% para el periodo estudiado.

• La Aceleración de la Reforma Agraria

Tras la llegada de la Unidad Popular al gobierno, la implementación de la Reforma Agraria fue acelerada sustancialmente; de hecho, para el año 1972 en Chile no existían propiedades que excedieran las 80 hectáreas permitidas por la ley de Reforma Agraria vigente a la fecha. No obstante, los mismos sectores de la Unidad Popular y grupos más radicalizados se volcaron a la tarea de organizar a los campesinos para que realizaran tomas en los terrenos que tuvieran menos de las 80 hectáreas permitidas por la ley.

Para legitimar esta situación, la administración Allende empleó una interpretación de la ley de Reforma Agraria que indicaba que los predios de menos de 80 hectáreas que fueran improductivos por la inoperancia de sus dueños, serían expropiados; de esta forma se abrió el camino para que terrenos de hasta 40 hectáreas fueran expropiados por el ausentismo de sus dueños o por la incapacidad de estos para hacerlos productivos.

Para completar el proceso de implementación de la Reforma Agraria, el gobierno de la Unidad Popular decidió fusionar los terrenos de los predios agrícolas expropiados que eran adyacentes unos de otros, en los denominados Centros de Reforma Agraria. Por medio de esta estrategia, el gobierno de Allende modificaba drásticamente el concepto de producción que había fomentado la administración Frei con el modelo de los asentamientos y cooperativas campesinas.

A través de la estrategia de los Centros de Reforma Agraria, la Unidad Popular implantó un sistema de explotación agrícola basado en las denominadas granjas estatales, predios de los cuales los campesinos debían entregar al Estado el 90% de su producción a cambio de recibir un salario, dejando a cargo del gobierno la comercialización de sus productos. Esta innovación no fue bien asimilada por una gran cantidad de propietarios agrícolas y no fue implementada a cabalidad.

Para el año 1972 una proporción de sólo el 3% de las tierras agrícolas estaba constituida por propiedades de más de 80 hectáreas, por lo que se puede señalar que la tradicional forma de tenencia de la tierra, la hacienda, había desaparecido del campo chileno. Sin embargo, a pesar de los avances en la redistribución de las tierras agrícolas, la agitación campesina sumada a la actitud de los propietarios opositores a la nueva forma de explotación impulsada por la Administración Allende y que provocó que estos decidieran no sembrar grandes extensiones de terreno, generaron una crisis en la producción agrícola durante el periodo 1971-72 afectando seriamente el abastecimiento del mercado interno.

• La Nacionalización de la Industria

Una de las principales intenciones de la Unidad Popular cuando llegó al gobierno era nacionalizar los sectores más relevantes de la base industrial del país. A pesar de que el Estado a través de la CORFO era dueño y controlaba la industria del acero, el petróleo, las refinerías, los ferrocarriles, la Línea Aérea Nacional, entre otros sectores productivos, a lo que se sumaba el 40% de la industria de manufacturas, la administración Allende tenía como objetivo erradicar todo tipo de monopolio, y para ello definió una estrategia económica que contaba con tres áreas básicas: el Área Social (compuesto por empresas de propiedad del Estado), el Área Mixta (empresas donde el principal accionista era el Estado), y el Área Privada (compuesto por pequeñas y medianas empresas).

A diferencia de lo ocurrido con el proceso de nacionalización del cobre, el gobierno de la Unidad Popular no contaba con el apoyo parlamentario necesario para llevar a cabo la expropiación de las grandes industrias, y a pesar de ello en octubre de 1971 la administración Allende envió una iniciativa legal en la que proponía traspasar al Área Social o Mixta todas las empresas que contaran con un activo neto que excediera el millón de dólares, puesto que estimaba que ellas jugaban un rol fundamental para asegurar el abastecimiento del mercado de consumo interno.

Un total de 253 compañías se circunscribían a los parámetros señalados por el Estado para la expropiación, y de acuerdo al plan del gobierno se había decidido indemnizar a sus propietarios mediante la emisión de bonos de deuda. Sin embargo, al no contar con la aprobación del Congreso, la administración Allende procedió a expropiar a las industrias mediante la utilización de los llamados “resquicios legales”, como lo fue la aplicación de un decreto de ley emanado por la junta de gobierno presidida por Carlos Dávila en el año 1932, el que había dispuesto un cuerpo legal expropiatorio que tenía sus raíces en el Comisariato de Subsistencias y Precios, el cual nunca había sido derogado y permanecía vigente. La utilización de este cuerpo legal, le permitió al gobierno de Allende realizar la compra de acciones de los bancos y de las grandes industrias y luego traspasarlos al Estado.

En un principio el gobierno tuvo la intención de tomar el control de las 253 empresas que en conjunto poseían el 90% del capital chileno. Sin embargo, en el periodo 1971-72 sólo fueron expropiadas 90 de ellas, de las cuales una gran parte correspondía a empresas controladas por capitales estadounidenses; entre las empresas expropiadas se contaban compañías multinacionales de gigantesco tamaño como la Ford o a la ITT. Como resultado de este proceso de nacionalización, para el año 1973 el Estado chileno poseía más de 400 compañías que correspondían aproximadamente al 60% del Producto Bruto Interno.

A pesar de los propósitos de la administración Allende, los resultados de la nacionalización de la industria chilena no fueron los esperados. Para el año 1971, en el cual comenzó tibiamente el proceso de nacionalización, no se podían percibir los efectos de la política económica de la Unidad Popular; no obstante, tras ser puestas en práctica medidas de marcado corte socialista como el congelamiento de los precios y el aumento de los salarios, el poder adquisitivo de la población aumentó y el grueso de ella pudo acceder a la compra de productos de mejor calidad, como alimentos o ropas. Como consecuencia de ello, el Producto Nacional Bruto se elevó hasta un 8,3%, la producción industrial aumentó en un 12,1% y el desempleo disminuyó hasta llegar a sólo un 3,8%.

Sin embargo, debido a la misma fuerza con que se llevó a cabo el proceso de expropiación de las industrias, la iniciativa gubernamental se vio sobrepasada por la efusión del movimiento obrero, el cual elevó sus niveles de organización y pasó a protagonizar por si mismo la expropiación de varias empresas, las cuales quedaron bajo control obrero bajo una lógica organizativa denominada como la de los “cordones industriales”. No obstante, desde la óptica macroeconómica, esta situación generó gran incertidumbre entre los inversionistas e hizo descender bruscamente el crecimiento de la producción industrial durante el año 1972. Para el año 1973 la gravedad de la situación aumentó, y se llegó hasta el punto de que la producción entro en una fase de paralización.

El Conflicto Político y la Radicalización Social

A medida que la Unidad Popular desarrollaba su programa de gobierno y modificaba profundamente las estructuras de la sociedad chilena, los niveles de tensión entre la oposición política y los partidarios de la administración Allende se elevaron progresiva y considerablemente.

En el ámbito político el clima de conflicto se agravó tras el asesinato en junio de 1971 del dirigente democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic, quién también fue ministro del Interior durante el gobierno de Frei; es preciso señalar que el crimen de este personero se debió en venganza a la denominada “masacre de Puerto Montt”, un incidente ocurrido en marzo de 1969 en el cual resultaron muertos a manos de las fuerzas policiales 10 pobladores de una toma de terreno en la Provincia de Llanquihue, hecho en el que el accionar de carabineros era de exclusiva competencia del Ministerio del Interior.

La muerte de Pérez Zujovic distanció definitivamente a la Democracia Cristiana del gobierno y la llevó a entenderse con el Partido Nacional. El consenso establecido entre la Democracia Cristiana y la derecha se produjo de forma paralela al incremento del apoyo popular que concitaba el gobierno de Allende, el que se vio reflejado en el crecimiento electoral de la Unidad Popular; en los comicios municipales de 1971 la Unidad Popular obtuvo el 49,7% de la votación, situación que la convertía en la coalición política más importante del país, aunque este dominio aún no se condensaba en una mayoría parlamentaria, pues la Unidad Popular sólo contaba con un tercio de los diputados y con el 40% de los senadores.

La inexistencia de una mayoría parlamentaria favoreció la estrategia obstruccionista que adoptó la oposición del gobierno a partir de 1972, lo que generó el estancamiento de las iniciativas legales enviadas al Congreso por la administración Allende. Por lo demás, esta actitud de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional contribuyó a aumentar los niveles de tensión política presentes en el seno de la ciudadanía.

Las elecciones parlamentarias de 1973 se realizaron en un contexto sumamente polarizado y los resultados de los comicios fueron interpretados por cada sector como señales de triunfo y como una derrota del bando contrario: mientras la votación conjunta de la Democracia Cristiana y la derecha sumaba el 55% de los sufragios, la Unidad Popular obtenía el 44% de las preferencias del electorado. Por un lado, la coalición de oposición señalaba que el 55% de votos graficaba el descontento de la población con la gestión del gobierno de Allende y ratificaba el éxito de la estrategia obstruccionista; por el otro lado, la Unidad Popular planteaba que la obtención del 44% de los sufragios confirmaba que la coalición de gobierno era la principal fuerza electoral del espectro político chileno, a pesar de la complicada situación económica que vivía el país debido a la paralización de las labores productivas tras el boicot desplegado por la oposición.

En el aspecto económico la profundización de la Reforma Agraria y la implementación de los procesos de nacionalizaciones, dinamizadas y aceleradas por la irrupción del movimiento popular, radicalizaron las posiciones de la antigua clase patronal y llevó a muchos de sus miembros a contemplar la vía armada como medio para resistir las transformaciones sociales y económicas que desarrollaba el gobierno de Allende. Para ello conformaron y financiaron cuadros paramilitares, en particular en el campo, para reprimir y disolver las movilizaciones protagonizadas por las organizaciones populares que reivindicaban los cambios propuestos por la Unidad Popular.

En el mismo contexto, los empresarios industriales se opusieron a las expropiaciones mediante la estrategia del “lock-out” (cierre de fábricas), una acción que traía como consecuencia que los obreros respondieran mediante la toma de las industrias clausuradas y que estas fueran reorganizadas y gestionadas bajo control obrero, el que era fuertemente apoyado por el gobierno en su lucha por asegurar la producción y el abastecimiento del mercado interno.

La crisis económica desatada por la radicalización política provocó una seria fisura en el seno de la ciudadanía chilena, la que se hallaba dividida en dos claros bandos opositores: unos a favor del gobierno de Allende, y otros marcadamente en contra.

La Caída de la Unidad Popular: los últimos 100 días de Allende (junio a septiembre de 1973)

A mediados del año 1973 la sociedad chilena estaba sumida en una situación de crisis política pre-revolucionaria, la que sólo podía zanjarse mediante la definitiva toma del poder a través de una revolución obrera y popular, o por un golpe de Estado que recompusiera el orden conocido hasta la llegada de la Unidad Popular a La Moneda. Los altos niveles de radicalización política habían llevado a que grupos subversivos de ambos sectores políticos tomaran las armas como medio para realizar sus objetivos programáticos.

Por el lado de la ultraderecha el Movimiento Patria y Libertad, un grupo paramilitar, había comenzado a desplegar acciones armadas mediante atentados explosivos contra torres de alta tensión eléctrica y por la detonación de coches bomba. Por su parte, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) estaba en plena preparación de cuadros armados con la intención de sacarlos a la calle para defender la permanencia del gobierno de la Unidad Popular y para acelerar la revolución social que la crisis política propiciaba. En forma complementaria el Grupo de Amigos del Presidente (GAP), un cuadro que se encargaba de la seguridad del Presidente Allende, aumentaba sus precauciones por miedo a que el Jefe de Estado sufriera un atentado.

El día 29 de junio de 1973 un conjunto de militares pertenecientes al regimiento Nº 2 salió a la calle a bordo de sus tanques blindados, protagonizando un intento de golpe de Estado que fue sofocado por la intervención del comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats, quién obligó a los militares sublevados a rendirse; el general Prats era, además, ministro del Interior desde noviembre de 1972 como consecuencia del ajuste ministerial que practicó Allende para salir de la crisis provocada por un gran paro de camiones que sumió al país en la paralización de las faenas productivas.

Esta intentona de golpe de Estado, hecho conocido con el nombre de “tanquetazo”, generó que los partidos que componían la Unidad Popular convocaran a la ciudadanía a realizar una marcha de apoyo al gobierno de Allende, la que se llevó a cabo en el mes de julio y congregó a más de 300.000 personas frente a la dependencias del palacio de La Moneda, constituyéndose en una de las manifestaciones políticas más grandes de la historia de nuestro país.

En consideración de la delicada situación política que vivía el país y asumiendo que el poder de fuego del Ejército sería un elemento decisivo en el desenlace de la crisis política, en agosto de 1973 el presidente Allende modificó su gabinete con la finalidad de permitir nuevamente el ingreso de los militares al gobierno, en una estrategia que denominó de “seguridad nacional” y que llevó al general Carlos Prats a asumir la cartera de Defensa. Sin embargo, durante el mismo mes de agosto, la irrupción de un movimiento compuesto por las esposas de los generales del alto mando se precipitó contra los ministros castrenses y en particular contra la figura de Prats, a quién lanzaron trigo a la salida del edificio de la comandancia del Ejército.

Tras este incidente y al comprobar que su gestión no contaba con el respaldo del cuerpo de generales, el ministro Prats decidió presentar su renuncia al gabinete y a la comandancia del Ejército el 23 de agosto. Resulta paradójico señalar que el mismo Prats recomendó a su subalterno Augusto Pinochet Ugarte para que lo reemplazara en el cargo. Siguiendo la indicación de su ex ministro, el presidente Allende procedió a designar en la comandancia del Ejército al general Pinochet, personaje que Allende consideraba seguidor de la “Doctrina Schneider”.

Las medidas adoptadas por Allende para sortear la crisis política en que se hallaba su gobierno no fueron suficientes ante la polarización en que estaban sumidos los diversos sectores políticos, y el mismo día de la renuncia de Prats el Congreso aprobó una moción para declarar la inconstitucionalidad de la administración Allende, la que fue presentada por el democratacristiano Patricio Aylwin, un personero que había liderado la formación del Bloque de Derecha, conformado por un grupo de políticos opositores al gobierno de la Unidad Popular y que era partidario de la intervención de los militares para salir de la crisis política. Como consecuencia de la moción presentada por Aylwin, desde aquel instante todas las acciones en que incurriera el gobierno estarían fuera de la ley.

El Quiebre de la Democracia: el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973

Como hemos podido observar, la marcada división en que se encontraba presente en el seno de la sociedad chilena había llegado a un punto de no retorno y los sectores de oposición al gobierno y aquellos que lo respaldaban se contemplaban como bandos irreconciliables, pues poseían formas muy distintas de percibir y analizar la realidad del país; y de la misma forma en que indicamos más arriba, el fin de la crisis política que tenía paralizado al país sólo podía llegar tras la toma definitiva del poder por parte del sector revolucionario de la Unidad Popular, o mediante un golpe militar de Estado que recompusiera el status quo que prevalecía antes de que Allende asumiera el gobierno del país.

El día martes 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas comandadas por el recientemente ascendido general Augusto Pinochet, dieron un golpe de Estado, a través de un movimiento rápido y concertado que implicó que los cuadros castrenses tomaran control de todas las intendencias y gobernaciones del país, y que cercaran militarmente (con vehículos blindados y unidades de combate) el palacio de La Moneda.

Los militares golpistas ofrecieron al presidente Allende que si presentaba su renuncia al cargo se le respetaría como tal y podría salir del país junto a su familia. La respuesta de Allende fue negativa y decidió resistir el sitio a La Moneda junto a su guardia personal, el GAP. Luego de 3 horas de intensa lucha, a las 11:00 de la mañana, y tras el bombardeo del frontis de La Moneda efectuado por dos aviones Hawker Hunter, los que provocaron un incendio que obligó a Allende a suspender su resistencia y a solicitar una tregua para que abandonaran el palacio los miembro del GAP, a quienes Allende había liberado de sus responsabilidades. Los miembros del GAP al salir procedieron a rendirse e inmediatamente fueron hechos prisioneros y hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos. Tras la salida de su guardia personal, el presidente Allende se suicidó.

Las primeras declaraciones de los militares tras el golpe de Estado fueron las siguientes:

“Teniendo presente que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad, demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, y derecho en general a una digna y segura subsistencia. Que el mismo gobierno ha quebrantado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta…llevando a una lucha fraticida y ciega…Que además el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades…las que por distintos motivos han quedado sin sanción…las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia el sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del bien común y de alto interés patriótico que se dispone a cumplir” (Bando Nº 5, 11 de septiembre de 1973).

Tras la caída de Allende, el poder fue asumido por una Junta Militar que estaba constituida por el general Augusto Pinochet (Ejército), el general Gustavo Leigh (Fuerza Aérea) y el general César Mendoza (Carabineros) y el almirante José Toribio Medina (Armada). A pesar de actuar en forma conjunta, los miembros de la Junta Militar tenían ópticas distintas sobre las funciones y objetivos que debían cumplir: una parte de la Junta deseaba implantar un gobierno militar caracterizado por la mano dura, y el otro sector quería que la Junta tras un breve periodo de transición entregara el control del gobierno a los civiles.

Debido a las diferencias entre sus integrantes, la Junta Militar asumió la jefatura de Estado sin un programa de gobierno definitivo; sin embargo, tras un breve periodo en el poder el accionar de la Junta Militar se fue aclarando. Las acciones inmediatas que los militares tomaron fue la suspensión de la Constitución Política de 1925; la declaración del Estado de Sitio y del toque de queda; la disolución del Congreso; la proscripción de las organizaciones políticas que componían la Unidad Popular, y posteriormente la de los demás partidos políticos; la restricción de las libertades civiles; la supresión de toda actividad sindical; y el control de los medios de comunicación.

Tras la irrupción de los militares, además, se crearon campos de detención para los prisioneros políticos, aunque muchos de ellos, opositores al nuevo régimen castrense, fueron detenidos, torturados y luego desaparecidos. Los que tuvieron más suerte fueron enviados al exilio; algunos presos políticos, también, fueron relegados. De la misma forma, el entrante gobierno militar intervino ferozmente a las Universidades y relevaron a todos sus rectores. Por su parte, los funcionarios públicos de la Unidad Popular fueron exonerados de sus puestos de trabajo.